MANIFIESTO
‘Descarbonizar Es Desmilitarizar.
Control y limitación de las emisiones militares’
Desde hace tiempo la comunidad científica insiste en la necesidad de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para evitar el aumento de la temperatura media de la Tierra. Sin embargo, las diferentes Conferencias de las Partes sobre el cambio climático (COP) no han sido capaces de incluir el ámbito militar en la obligatoriedad de reducción de emisiones GEI. La información sobre (y la reducción de) las emisiones de GEI militares quedaron exentas del acuerdo de Kioto (1997). El acuerdo de París (2015) suprimió su exención, pero permite la voluntariedad de la información y deja la reducción al criterio de cada país.
Las emisiones de GEI del sector militar (fuerzas armadas e industria militar) son relevantes. No existe un registro de estas emisiones de las fuerzas armadas y la información de la industria militar es, en general, deficiente e incompleta. Sin embargo, se estima que las emisiones de GEI del sector militar, representan entre el 3,3% y el 7,0% de las emisiones mundiales, un porcentaje superior a las emisiones de la aviación comercial.
Según el Reglamento Europeo sobre el Clima, los países de la UE deben reducir las emisiones de GEI al menos en un 55% de hoy a 2030, en referencia a las emisiones en 1990, con el objetivo de la neutralidad climática en 2050. La Ley española 7/2021 de cambio climático y transición energética establece el objetivo de reducir, en 2030, las emisiones de GEI en un 23% respecto a niveles de 1990. La ley española excluye todas aquellas actividades, instalaciones, equipamiento y armamento, cuyo objetivo sea la protección de los intereses esenciales de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública (disposición adicional 1a).
En España se desconocen las emisiones de las Fuerzas Armadas y la información de la industria militar suele ser muy incompleta o inexistente, con alguna excepción.
Las emisiones de GEI asociadas a las fuerzas armadas y la industria militar deben contabilizarse en el total de emisiones y deben reducirse. En caso contrario, si el resto de sectores económicos alcanza la neutralidad de emisiones, ésta será falsa incompleta ya que el sector militar seguirá emitiendo. Por otra parte, si no se informa de estas emisiones no se podrá realizar un seguimiento ni implementar medidas de reducción.
La Estrategia de Seguridad Nacional y la Directiva de Defensa Nacional de España señalan el cambio climático como fuente potencial de amenazas para la seguridad nacional, al igual que las migraciones climáticas. También señalan la creciente escasez de recursos como un peligro para la seguridad energética. Documentos de estrategia de seguridad de la UE y de la OTAN coinciden en ello y además afirman que se deben afrontar estos peligros, incluso si es necesario, militarmente.
La crisis ecológica global (climática, energética, de biodiversidad,…) es de tal gravedad que exige un cambio de modelo político y económico. Ese cambio de paradigma debe incluir forzosamente la desmilitarización global. Así, la campaña Descarbonizar Es Desmilitarizar constata la necesidad de sumarse al movimiento a favor del decrecimiento global.
Por todo ello, pedimos al Gobierno español que:
- Informe de manera rigurosa y completa de las emisiones de GEI de las Fuerzas Armadas españolas.
- Obligue a las empresas del sector de defensa y seguridad que declaren de forma segregada las emisiones de GEI correspondientes a la fabricación de armamento y de material de defensa.
- Declare las emisiones de GEI asociadas a las fuerzas armadas y a la industria armamentista en los informes que remite a los distintos organismos internacionales.
- Impulse un acuerdo entre los estados, en las próximas COP, para establecer la obligatoriedad de informar sobre (y de reducir) las emisiones de GEI del sector militar: fuerzas armadas e industria armamentista.
- Reduzca el gasto militar. Con ello, por un lado, disminuirán las emisiones GEI del sector militar y, por otro lado, se podrán destinar los recursos liberados de esta forma, a asegurar la justicia social y medioambiental.